Durante los últimos años, el Perú viene atravesando por diversos conflictos socios ambientales que ocasionan no sólo pérdidas materiales, sino pérdidas humanas que son irrecuperables. En dichos conflictos “están en juego más que las oportunidades de crecimiento económico, la suerte del medio ambiente local, la calidad de vida de la población y la continuidad de las economías territoriales y sistemas de vida tradicional (…) las concepciones del mundo, de la naturaleza y de la forma en que los seres humanos se relacionan y organizan entre sí”49. Las ciudades que vienen creciendo demográfica y territorialmente, ingresan a un proceso de “modernidad” que los empuja al consumismo de bienes y servicios. Precisamente ese consumismo acelerado crea grandes cantidades de residuos sólidos, cuya disposición final generará conflictos socio ambientales, ya que, las personas tenemos derecho a habitar un ambiente saludable, libre de agentes patógenos o contaminantes; y para acceder a ello, según algunos entrevistados, los residuos sólidos deben estar alejados de lugares habitables y de terrenos agrícolas y ganaderos. Huancayo no está ajeno a esta problemática, porque entre los principales distritos como son: Huancayo, El Tambo y Chilca, la ciudad metropolitana de Huancayo genera un total de 258 toneladas diarias de residuos sólidos y, para su confinamiento final, las autoridades plantean propuestas, pretenden implementar proyectos, que más que un acuerdo entre autoridades, sociedad civil y población, genera consigo conflictos socio ambientales. Tal es el caso acontecido el año 2008 en el anexo de Lastay50, lugar donde se pretendió construir una planta de tratamiento de residuos sólidos para dar solución al problema de disposición final de los mismos. Pero, más que solución lo que se generó fue un enfrentamiento, ya que los pueblos (Lastay y anexos aledaños) organizados en sociedad civil encabezado por el Alcalde de Concepción, Oscar Berríos Fuentes, iniciaron una ofensiva colectiva que mantuvo enfrentadas a las provincias de Huancayo y Concepción, lo cual ocasionó pérdidas humanas y materiales. Finalmente, el proyecto se frustró, ya que no se logró obtener la licencia social. Este hecho muestra una clara oposición por gran parte de la población hacia la construcción de plantas de tratamiento de residuos sólidos u otros proyectos similares cerca a lugares habitables y/o terrenos agrícolas, y es más, ha generado crisis de gobernabilidad local y una imagen negativa del burgomaestre en turno a quien la prensa hablada y escrita ha calificado con adjetivos de pérdida de principio de autoridad y falta de capacidad y eficiencia en la gestión local respecto a la solución de los problemas de la ciudad.